Vía: El Nacional.com | Por Mª Angelina Castillo Borgo
Con el decreto presidencial N° 702, publicado en la Gaceta Oficial 40319 de fecha 19 de diciembre, Nicolás Maduro ordenó la intervención de la Fundación Teatro Teresa Carreño. El motivo: el incumplimiento de las metas.
El proceso de intervención de la institución que acumula 40 años se realizará durante seis meses, a partir de la fecha de publicación del decreto. Este lapso se puede prorrogar por igual cantidad de tiempo si lo considera necesario el ministro de Cultura, Fidel Barbarito.
El titular del despacho de Cultura deberá ser informado periódicamente por la junta interventora, que tendrá “las más amplias facultades” y estará presidida por Gustavo Arreaza, director de VTV y autor del tema que identifica al Partido Socialista Unido de Venezuela.
La junta la integrarán también cuatro miembros principales, entre quienes están la diputada Gladys Requena; la viceministra de Gestión Comunicacional, Lídice Altuve Moreno; y el director del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, Néstor Viloria, quien forma parte del actual consejo directivo de la fundación.
Por disposición expresa del decreto quedan fuera de sus cargos todos los directivos de la institución, entre quienes están el coordinador general, Miguel Issa, y la directora ejecutiva, Damelis Rodríguez.
Entre las atribuciones de la junta interventora figura la elaboración de un “plan de acción para la reestructuración y rehabilitación integral de la fundación”, así como un programa para la administración de los recursos e ingresos, con prioridad en las áreas de reinversión social. Estas facultades serán especificadas en un reglamento interno de funcionamiento que la junta deberá entregar durante el primer mes.
Los efectos. Mientras se lleva a cabo el proceso de intervención no se descarta la posibilidad de que se paralicen algunas actividades del Teatro Teresa Carreño. Una decisión que quedará a cargo de la junta interventora, previa autorización del ministro.
Los convenios, contratos, compromisos o negociaciones programadas, proyectos, recursos o servicios –y en general todas las actividades relacionadas con el presupuesto– podrán ser suspendidos si la junta lo considera conveniente a los intereses de la institución. Y en caso de irregularidades, tiene la facultad de presentar la denuncia ante los órganos administrativos, civiles y penales que correspondan.
El decreto establece, además, que la junta cumplirá con las obligaciones válidamente contraídas por la fundación solo si se verifica que están apegadas a Derecho y ajustadas a las leyes relacionadas con las contrataciones públicas.
Todos bajo la lupa. Se llevará a cabo una auditoría, que incluirá un estudio de las instalaciones, el equipamiento y mobiliario de la fundación. Si es necesario se contratarán servicios personales o de auditorías externas y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna podrá prestar colaboración.
El proceso de intervención incluirá a los trabajadores de la institución, puesto que la junta tendrá poder de decisión sobre los ingresos y egresos del personal que calcule “necesario y conveniente” para su funcionamiento. No habrá consideraciones sobre jerarquías: todos serán evaluados, desde los directivos hasta los jubilados y pensionados.
Las actuaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Fundación Teatro Teresa Carreño también serán revisadas: el decreto también estipula que aquellos actos o prácticas que causen perjuicio a la institución serán nulos.
Poderes ministeriales. De acuerdo con el decreto presidencial, el ministro de Cultura tendrá la potestad de dictar políticas de coordinación y corrección para “asegurar la transparencia” del proceso. Evaluará y aprobará la pertinencia de continuar o no la ejecución de los convenios suscritos. Y al examinar los motivos de la intervención, podrá remitir a los órganos competentes aquellos documentos necesarios para determinar la responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los integrantes de la fundación.
Estado revolucionario
El segundo considerando del decreto señala que las actividades artísticas y culturales que le corresponde ejecutar a la Fundación Teatro Teresa Carreño “como política que desarrolla el Estado revolucionario” se han visto afectadas, lo que ocasionó el incumplimiento de las metas y actividades programadas, y por ende la “realización del objeto para el cual fue constituida dicha fundación”.
Sin dejar claro cuáles son los objetivos y por qué no se cumplieron, el documento hace eco de un lenguaje con tinte ideológico. Esto sigue la línea que ha definido el mundo cultural desde hace algún tiempo: representantes de las disciplinas han sido desplazados, se les han negado espacios o se les ha reducido el apoyo.
Institución sin efecto y sin presidente
M. A. C. B.
Días antes de que se conociera la noticia de la intervención por decreto presidencial de la Fundación Teatro Teresa Carreño, se conoció que su presidente, Saulibeth Rivas, renunció al cargo. Aún se desconocen las razones de la decisión. Miguel Issa, coordinador general estratégico de la institución, dijo en ese momento que están a la espera de un nuevo nombramiento: “Cada quien va cambiando de cargo y ella iba a trabajar solo por 6 meses, hasta se quedó un poco más. Por eso no hemos concretado la programación de 2014”.
Rivas es abogado de profesión, pero ha formado parte del Ejecutivo en materia cultural. Trabajó en la Misión Cultura, fue directora del ministerio y luego viceministra de ese despacho para el Desarrollo Humano.
“Es una responsabilidad que asumo con mi pueblo, con la gente y con la comunidad. El impulso de un espacio tan bello y tan representativo de lo que es la cultura para nuestro país”, declaró a El Nacional casi 10 meses después de haber asumido la presidencia de la Fundación Teatro Teresa Carreño. En esa misma entrevista afirmó que seguiría una línea orientada hacia la descolonización cultural.
En las cuatro décadas que tiene la fundación esta ha sido presidida por figuras como el crítico Leonardo Azparren Giménez –el último antes de la llegada de Hugo Chávez y la revolución–, el promotor cultural Elías Pérez Borjas (entre 1985 y 1989), Eva Ivanyi (1984 y 2003), Francisco Sesto (2010) y la más reciente, Alice Dotta, quien se mantiene al frente del Centro Nacional de Danza.
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